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08 JUL

No es Sano pide al Ministerio de Sanidad que aplique la licencia obligatoria al fármaco remdesivir

La Comisión Europea acaba de aprobar la comercialización de remdesivir después de que la Agencia Europea del Medicamento diera luz verde la semana pasada. Remdesivir es un antiviral de la farmacéutica Gilead para el tratamiento de la COVID-19 en pacientes con neumonía que requieren oxígeno. El fármaco fue desarrollado hace años para tratar el ébola. Ahora, la compañía ha anunciado su intención de salir al mercado a un precio superior a los 2.000 euros por terapia. Un precio que, a juicio de la campaña No es Sano, es injusto y abusivo si se tiene en cuenta que el coste de producción del tratamiento es de poco más de cinco euros, según un estudio independiente de la Universidad de Liverpool.

 

En este contexto, y con la vista puesta en una posible segunda oleada de la pandemia, No es Sano pide al Ministerio de Sanidad que, si en términos clínicos se prueba que puede ser una alternativa útil para algunos pacientes de COVID-19, aplique una licencia obligatoria. Este es un mecanismo por el que podría suspenderse temporalmente la exclusividad de la patente -que tiene Gilead- para que el medicamento se produzca, o se importe, como genérico. La medida está recogida en los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y puede aplicarse en casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, como es el caso de la COVID-19. Asimismo, está contemplada en la Ley Española de Patentes de 2015, aunque hasta la fecha el Gobierno español no ha dado muestras de querer aplicarla.

 

Remdesivir es el primer fármaco autorizado provisionalmente para tratar la COVID-19, pero hay muchos otros tratamientos en fase de investigación clínica que pueden estar por llegar. Por ello, es fundamental que el Gobierno de España se prepare para afrontar otros casos de precios abusivos y posibles dificultades en la cadena de distribución con las salvaguardas legales que existen para ello.

 

En todo caso, y a pesar de la repercusión que está teniendo la noticia en las últimas semanas, la campaña recuerda remdesivir es un fármaco con objeciones metodológicas en los estudios y modestos resultados que ha recibido una autorización condicional a la espera de tener más evidencias que confirmen su efectividad y seguridad y se obtengan datos sobre su efecto en la mortalidad, ya que hasta ahora solo ha demostrado acortar la estancia hospitalaria de los pacientes en cuatro días y en seis en algunos casos más graves. Además, conviene subrayar que los profesionales sanitarios siguen utilizando otros medicamentos antiguos, de bajo precio, como corticoides, heparina, etc. —junto con distintas técnicas, como ventilación mecánica, cuidados de enfermería, etc.— para tratar los síntomas y complicaciones más graves, logrando disminuir la mortalidad por COVID-19.

 

Otro punto de enorme importancia a la hora de definir el precio del fármaco debería ser, apunta No es Sano, la gran inversión pública que hay detrás. Solo el Gobierno de EEUU ha invertido más de 70 millones de dólares en el desarrollo de este antiviral. Todo ello, sin contar la cantidad de ensayos clínicos en los que han participado sistemas públicos de salud de muchos países.

 

Ahora más que nunca, recuerda No es Sano, es importante que se introduzcan cambios en el modelo de fijación de precios para que se tenga en cuenta la inversión pública que hay en el desarrollo de los medicamentos y que los precios se calculen a partir del resultado de la suma de los costes de investigación, desarrollo y producción, al que habría que añadir un beneficio razonable para la industria farmacéutica, solo así conseguiremos precios justos para los medicamentos y las vacunas que puedan estar por venir.

 

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