En marzo de 2021, el entonces ministro de Ciencia, Pedro Duque, compareció en el Congreso de los Diputados para presentar el Pacto por la Ciencia y la Innovación, un documento -elaborado junto a 72 organizaciones representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores- que contempla una serie de compromisos en cuanto a recursos, recursos humanos y organización del sistema, principalmente para, según el Gobierno, incrementar de forma sostenible la inversión pública en I+D+I.
En estas fechas, el Congreso, mediante una subcomisión, está estudiando las bases de ese Pacto y las modificaciones respecto a la Ley de Ciencia. En un momento clave y tan importante, desde No Es Sano hemos enviado esta carta a los diputados de la subcomisión, con una serie de recomendaciones y medidas concretas para que la ciencia y los resultados de la innovación se conviertan en un bien de interés público. Este es el texto:
Estimados diputados y diputadas:
Con motivo de la subcomisión relativa al desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación y el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia (154/7), le hacemos llegar desde la campaña No es Sano una serie de recomendaciones que nos parecen fundamentales para asegurar el interés general tanto en su dimensión política como jurídica.
Las organizaciones que formamos parte de esta iniciativa damos la bienvenida al trabajo de esta subcomisión, pero nos preocupa que se pierda la oportunidad de introducir medidas concretas que permitan que los productos resultados de dicha innovación científica sean accesibles, asequibles y no encuentren una barrera en la propiedad intelectual. Por ello, le pedimos que tenga en consideración las siguientes recomendaciones:
- El Gobierno de España y las agencias de financiación pública deben introducir condiciones y disposiciones en sus contratos de financiación y de transferencia de tecnología que aseguren el interés público y el retorno de todos los resultados fruto de dicha investigación. El objetivo principal es asegurar que los medicamentos, vacunas, diagnósticos, así como otras tecnologías sanitarias fruto de dicha investigación sean accesibles, asequibles en su precio y sean seguros, eficaces y de calidad.
- La política científica debe asegurar que los resultados de la investigación realizada con fondos públicos estén disponibles y sean de acceso público a escala global. Además de impulsar la ciencia abierta, resulta imprescindible que todos los datos tanto los positivos como los negativos generados por las investigaciones, así como el conocimiento derivado de éstos, sean accesibles y de uso compartido. Este ejercicio se puede realizar con disposiciones jurídicamente vinculantes que estén recogidas en los acuerdos de financiación y de transferencia de tecnología.
- Impulsar fondos de investigación independiente que aseguren una innovación libre y independiente de la industria farmacéutica en todas sus fases, evitando así los inevitables sesgos en la investigación generados por el patrocinio de las empresas. Esta iniciativa pública permitiría trabajar no solo en ciencia básica, también en las fases preclínicas y clínicas, incluidas las más avanzadas. Una investigación clínica de calidad que pueda llevar a término productos necesarios para el Sistema Nacional de Salud, evitando los conflictos de interés que sufren los profesionales con patrocinio de la industria. Para conseguirlo, será necesario ampliar los recursos y la financiación de iniciativas públicas de I+D que contribuyan a fortalecer la red pública estatal de investigación y el sistema público de salud.
- La investigación en salud debe atender a las prioridades de la población. Es necesario reequilibrar la agenda de investigación y proteger la salud pública. Hasta la llegada de la COVID-19, ciertos grupos de enfermedades —incluidas las infecciosas— estaban especialmente desatendidas en investigación clínica. Es urgente revisar las prioridades y fomentar un mayor aprovechamiento de la ciencia desde la transparencia, compartiendo datos, evitando duplicidades y con un esfuerzo investigador que responda a las necesidades reales en salud de la población.
- La financiación pública en innovación debe estar libre de las restricciones ligadas a la protección de la propiedad intelectual, salvaguardando el interés general. La experiencia muestra cómo los derechos de propiedad intelectual sobre el conocimiento y la confidencialidad de las investigaciones actúan como una barrera, tanto para la investigación en sí misma como para la producción a gran escala de tecnologías de salud asequibles y, por tanto, para el acceso.
- En términos de licencias y de transferencia del conocimiento de tecnologías sanitarias se debe optar por licencias no exclusivas y no limitadas en el tiempo. Por ello, resulta fundamental evitar el recurso de patentes secundarias y exclusividades regulatorias adicionales, como los certificados complementarios de protección, que confieren un mayor blindaje de los productos y tecnologías sanitarias y suponen barreras adicionales al acceso.
- En términos de transparencia, en lo que respecta a los financiadores públicos, los acuerdos de financiación de I+D, de explotación y de transferencia de tecnología de los resultados deben hacerse públicos. España participa con inversiones en proyectos nacionales e internacionales. Los contribuyentes tienen derecho a conocer el rendimiento de estas inversiones públicas en I+D y de sus resultados.
- Impulsar plataformas, repositorios y alianzas que faciliten el acceso global y transparente al conocimiento con el fin de facilitar la producción a gran escala, la distribución, la venta y el uso de las tecnologías.
Esperamos que estas recomendaciones puedan ser tomadas en consideración y quedamos a su entera disposición para mantener un encuentro y tener así la oportunidad de hablar sobre ello con más detalle.
Muchas gracias de antemano por su tiempo y disponibilidad.
Reciba un cordial saludo,
