La transparencia es uno de los objetivos de No es Sano. Desde su puesta en marcha hace tres años, la campaña viene reclamando que la ciudadanía pueda saber cuánto está pagando por los fármacos que se financian con dinero público y que tienen un enorme impacto en el presupuesto del sistema de sanitario, así como qué criterios se siguen para fijar el precio de estos medicamentos.
En febrero de 2018, No es Sano remitió más de una decena de peticiones al Portal de Transparencia solicitando información sobre la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos, organismo encargado de determinar el precio máximo que puede tener un fármaco cubierto por el Sistema Nacional de Salud antes de que la negociación pase a nivel autonómico. Estas cuestiones estaban relacionadas con el funcionamiento interno de la comisión, solicitando información sobre asuntos como el calendario de reuniones; con los precios de los medicamentos financiados en 2017; y con los criterios que rigen la fijación de los precios de estos fármacos, una cuestión esta última que no ha obtenido respuesta.
Tanto las solicitudes referentes a los precios de los medicamentos financiados en 2017 como las fechas de las reuniones fueron rechazadas por el Ministerio de Sanidad, que en su réplica remitió a las organizaciones que componen la campaña a una información genérica e incompleta publicada en la web del Ministerio que no respondía a su solicitud.
Por ello, en abril, No es Sano realizó una reclamación al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública. En su resolución, el Consejo ha dado la razón a la campaña, argumentando que “la rendición de cuentas por las decisiones públicas en la que se basa la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno difícilmente puede garantizarse cuando, en un aspecto tan relevante desde el punto de vista social y ciudadano como el tratado por la presente resolución, no se garantiza la debida transparencia y conocimiento públicos” e instando al Ministerio de Sanidad a compartir la información.
Estas resoluciones sí han sido acatadas por el actual Gobierno, que ha remitido a la campaña los precios oficiales de los medicamentos aprobados en 2017 y el calendario de sesiones de la Comisión Interministerial de Precios.
No es Sano aplaude este avance, pero recuerda que sigue siendo muy insuficiente. Pide al Gobierno que apueste por un modelo realmente transparente y que rinda mejores cuentas sobre las decisiones de la Comisión Interministerial para que la información relativa a la aprobación y financiación de medicamentos sea accesible y clara para la ciudadanía en su web y en las notas informativas de este organismo.
Asimismo, anuncia que continuará solicitando información al Ministerio y recurriendo al Consejo de la Transparencia cuando sea necesario. Las decisiones sobre la política del medicamento tienen que ser públicas y el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad es una oportunidad para revisarla junto con las comunidades autónomas que son quienes pagan la factura farmacéutica.
