Con la crisis sanitaria de la COVID-19, la investigación en vacunas y tratamientos se ha visto acelerada en los últimos meses. Los Estados y organismos públicos internacionales están siendo uno de los principales impulsores de estas investigaciones. Sin embargo, si no se toman medidas con urgencia, los derechos de propiedad intelectual de los tratamientos y vacunas que finalmente se desarrollen podrían convertirse en una barrera para el acceso de millones de personas en todo el mundo, como advierte el informe La inversión pública en la I+D en COVID-19 publicado hoy por Salud por Derecho.
El documento analiza las principales iniciativas de investigación que se han puesto en marcha a nivel global con dinero público para hacer frente a la pandemia, como los proyectos de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), con 690 millones de dólares de diferentes gobiernos, organismos internacionales y fundaciones filantrópicas; los proyectos de los programas Horizonte 2020, Innovative Medicines Initiative (IMI) y PREPARE de la Unión Europea; o el fondo de 826 millones de dólares del Gobierno de EEUU.
Esta respuesta global no tiene precedentes, lo demuestra también el gran número de ensayos clínicos que ya se han registrado y que aumentan a diario en todo el mundo, en los que existe un importante liderazgo de los centros públicos. Desde el 1 de enero de este año, hay 557 ensayos clínicos relacionados con la COVID-19 registrados en China, el país a la cabeza de la investigación clínica. Le sigue EEUU con 424 ensayos, de los que 360 son no comerciales, es decir, están liderados por universidades, centros públicos de investigación y otras entidades sin ánimo de lucro. En Europa, hay 44 ensayos, de los que la mayoría (36 ensayos) son también no comerciales, mientras que solo siete cuentan con financiación exclusiva de la industria farmacéutica. Una situación similar a la de España, donde hay 31 ensayos y, de ellos, 23 son no comerciales.
La financiación de proyectos en España
En nuestro país, las experiencias anteriores de equipos de investigación en otros coronavirus han servido de punto de partida en la lucha contra la nueva pandemia. Se están invirtiendo 30 millones de euros repartidos principalmente entre dos instituciones: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, varios equipos de investigación españoles se suman a este impulso a través de proyectos europeos con 2,4 millones de euros de financiación.
Es importante, recuerda el informe, que España salvaguarde toda la inversión pública que se está destinando a estos proyectos para que cuando los resultados de la investigación pasen de las instituciones públicas a manos de las compañías farmacéuticas, para que desarrollen y comercialicen los tratamientos y vacunas, su acceso esté asegurado y tengan precios asequibles.
En ese sentido, es necesario que, en España y también en la Unión Europea, se incluyan condiciones en los contratos de financiación para garantizar que los medicamentos y vacunas que lleguen al mercado tengan precios justos y que haya acceso abierto a los datos —sin monopolios —para que puedan ser fabricados y comercializados por diversos proveedores. Países como Australia o Canadá ya contemplan cláusulas de este tipo en sus contratos.
Asimismo, existen medidas para que España pueda afrontar los posibles retos que se plantean de precios abusivos, suministro y abastecimiento de vacunas, medicamentos, diagnósticos y otros productos necesarios. Gobiernos como los de Israel, Alemania, Brasil y Canadá ya han emitido o considerado el uso de las licencias obligatorias (es decir, suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico), mecanismo que está recogido en los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y del que el Gobierno de España puede hacer uso en esta crisis sanitaria. Países como Chile y Ecuador también han tomado medidas parlamentarias preliminares para iniciar licencias obligatorias.
España, recuerda el informe, debe estar preparada para asegurar el abastecimiento de los medicamentos necesarios para la protección de salud en esta epidemia y para ello también dispone, entre otras herramientas, del Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF), organismo responsable de la producción de fármacos y otros recursos médicos que puede ser clave en este momento.
Por último, el informe recuerda que la atención a estas amenazas y, en general, a las enfermedades infecciosas víricas y bacterianas ha sido muy escasa en los últimos años y sigue dependiendo del impulso del sector público por tratarse de un área poco rentable para la industria farmacéutica. La crisis sanitaria del COVID-19 ha vuelto a dejar en evidencia que la agenda de investigación no puede estar definida por los intereses comerciales, sino por las necesidades de la población y ahí los gobiernos y organismos internacionales tienen que asumir su protagonismo, recuerda el informe.
Puedes consultar el informe completo aquí.
