Vincenzo Pavone es investigador en el Consejo Superior Investigaciones Científicas, miembro de Science and Democracy Network y fundador de la Red de Estudios Sociales de la Ciencia y de la Tecnología (Red EsCTS). Hablamos con él durante la jornada sobre Medicamentos Esenciales organizada en la Universidad Complutense de Madrid.
Pavone comienza su charla sobre investigación biomédica y patentes realizando un paralelismo entre el actual sistema de innovación y la industria del automóvil. Usa como ejemplo el precio de un coche de alta gama, con un coste de 72.000 euros. «¿Es ese realmente el precio que debería tener? Estos 72.000 euros solo tienen respuesta desde un punto de vista ideológico. Para que un coche cumpla su función se necesitan gasolineras, talleres, carreteras, autoescuelas, hospitales, policías… Sin estas y otras infraestructuras el coche no tiene sentido», asegura. «Damos por sentado que el coste de estas infraestructuras se debe asumir socialmente. Si tenemos en cuenta el esfuerzo que las autoridades públicas y la colectividad tenemos que hacer para garantizar un espacio funcional donde los vehículos puedan usarse satisfactoriamente, el coste es mucho mayor». Este es un ejemplo, afirma, de que diferentes tecnologías comparten la misma situación ontológica.
Ha destacado en su intervención que hay fallos del actual sistema de investigación y desarrollo de medicamentos que tienen su origen en la forma de entender la relación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas. ¿Cuáles son esos fallos?
Los fallos están relacionados con la forma de relacionarse entre esos tres actores. El tema de las patentes tenían su lógica hace cien años cuando invertir y sacar a la venta un nuevo medicamento constituía una empresa difícil. Se intentaba recompensar el esfuerzo, la innovación, la originalidad, los riesgos… Hoy el conocimiento está más accesible y los riesgos están compartidos. Mucha inversión procede de instituciones públicas y la originalidad se premia demasiado porque se otorgan patentes a medicamentos que no son muy distintos a lo que había antes. Solo constituyen una ligera mejora. Hoy no se dan las condiciones que justificaban el uso de la patente para incentivar la innovación. Es un problema.
El segundo es que la obsesión por patentar está creando dificultades a la hora de producir conocimiento -y medicamentos-. Muchos problemas que son complejos solo se intentan solucionar sacando un nuevo producto, para poder patentarlo y para conseguir beneficios económicos. Y esa es una idea muy limitada de lo que es la innovación. Las patentes tal y como se están utilizando ahora son un incentivo perverso. Se llega a casos extremos donde se patentan piezas de conocimiento y luego a la espera de que alguien lo necesite para cobrar lo que son los royalties y poder seguir con la investigación. Eso hace que la innovación se alargue muchísimo y sea cada vez más cara. El sistema de innovación está mal articulado.
Y luego hay otro problema que es el de los beneficios que se quedan solo en empresas privadas. Todo esto genera problemas a la hora de desarrollar nuevos productos, pero no se reconoce. Muchos documentos de políticas públicas dicen que es muy complicado sacar un nuevo medicamento al mercado porque hay que hacer muchos ensayos, hay que pasar muchas barreras y hay que pasar muchos controles. Lo que piden las farmacéuticas en algunos casos es reducir esos controles y esos niveles de control de seguridad para hacer más rápida la entrada de ese medicamento en el mercado. Ese no es el problema.
Son muchos actores en la cadena, ¿cuál es la responsabilidad tiene cada uno?
Por un lado, el Estado debería repensar su relación con la ciudadanía. Ahora mismo el Estado y la corriente de ideología neoliberal cree que el papel del Estado es el de utilizar los recursos públicos para fomentar que las empresas puedan sacar al mercado nuevos productos, patentándolos y generando beneficios económicos y crecimiento económico, que genera más recaudación y que finalmente beneficia a la ciudadanía.
No es así. El papel del Estado debería ser el interés público y esto implica balancear distintos intereses que pueden ser conflictivos. El Estado debería tener interés en solucionar algunos problemas de salud pública y llamar a todos los demás actores para que esto se pueda hacer. Debería marcar la agenda de la investigación, sobre todo la que se hace con inversión pública. Deberían ser las instituciones públicas las que decidan cómo se invierten los fondos públicos y para qué y luego llamar a las empresas a que se sumen. No como se está haciendo ahora, que se da dinero a las empresas para que saquen investiguen y saquen al mercado lo que a ellas les parece lo más urgente y beneficioso.
Eso no impide a las empresas hacer toda la investigación que quieran con sus propios fondos, evidentemente. Pero cuando hay fondos públicos debe ser con una agenda compartida, con unas prioridades y condiciones marcadas por el Estado. Esto requiere una revisión y hoy muchos partidos políticos de izquierda y derecha no están por la labor.
¿Qué otros actores participan en este proceso?
Hay asociaciones de la sociedad civil representan intereses concretos y deberían estar implicados en el proceso de innovación, así como los investigadores en ciencias humanas y sociales porque la mayoría de los problemas médicos, ambientales, de alimentación no son problemas sencillos que se puedan solucionar con una sola tecnología. Son problemas complejos que necesitan de una innovación que sea técnica, social, política y cultural.
Los ciudadanos, por otra parte deberían estar más informados y pedir más información. Todas las campañas que se están montando son muy necesarias. Los científicos necesitan condiciones laborales seguras, para no tener que estar pendientes de problemas económicos porque eso produce tentaciones. Debemos ser libres para poder decir a todos los que nos contactan qué pensamos según los datos de nuestra investigación. Y ahora vamos en dirección contraria. Bajo el pretexto de la meritocracia y de los controles de calidad se está precarizando el trabajo y eso le impide hacer su trabajo de forma autónoma e independiente.
En este contexto, ¿cómo podemos alcanzar ese equilibrio entre interés público y beneficios privados?
Aún con toda la crítica a las patentes, parece razonable que quienes hacen el esfuerzo de sacar nuevos medicamentos al mercado sea recompensado, pero se tiene que hacer con matices. Es necesario saber los costes reales de cada medicamento y, en el caso de querer otorgar una patente, esta tiene que estar en un umbral razonable. Por ejemplo, un 20% más de los costes que han gastado.
En caso de que no se quisiera ser transparente sobre los costes, yo personalmente no concedería una patente y la solución sería simplemente una solución de mercado donde haya competencia entre los productores de este mismo medicamento.
Si se va por el camino de la patente, habría además que reconocer a todos los actores que han participado su propia parte de beneficio. Ya no vale con decir cómo esto ha contribuido al crecimiento económico y cómo los ciudadanos se han beneficiado. No es cierto. Este crecimiento económico no se reparte de forma igual dentro de la población. Todos los que han participado, desde los donantes de muestras a los pacientes de los ensayos clínicos, a las instituciones publicas que han participado, a los investigadores, todos deberían tener acceso a una parte del beneficio correspondiente al esfuerzo que hayan hecho para sacar adelante el medicamento.
Hay soluciones que no son muy complejas de introducir, pero que precisan dos cosas: que se hagan conjuntas en toda la Unión Europea y que se hagan en un nuevo marco de pacto entre ciudadanía, Estado, ciencia y empresa. Tienen que ser propuestas concretas y abrir el debate para que se pueda discutir. Cada vez que un investigador dice que el Estado debería volver a tomar la iniciativa, mucha gente dice que el Estado no se puede meter en el mercado. ¿Por qué? Lo ha hecho hasta los años ochenta.
