La Audiencia Nacional ha hecho pública una sentencia que avala la opacidad en los precios de los medicamentos financiados con fondos públicos, fallando en contra de la campaña No es Sano y anulando la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En 2023, este organismo ordenó hacer públicos los costes del fármaco Zolgensma, el más caro financiado hasta la fecha por el sistema público de salud.
El caso se inició en marzo de 2022, cuando No es Sano, a través de Salud por Derecho y OCU, solicitó al Ministerio de Sanidad —entonces dirigido por Carolina Darias— el precio de financiación y el impacto presupuestario de Zolgensma. Ante la negativa del Ministerio, la campaña recurrió al Consejo de Transparencia, que le dio la razón. Sin embargo, Sanidad y Novartis impugnaron la decisión ante la Audiencia Nacional, que ahora respalda su postura y bloquea el acceso a esta información.
En la sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Séptima de la Audiencia Nacional, el tribunal considera que conocer el precio final acordado permitiría deducir datos sensibles sobre la estructura de costes y márgenes de beneficio de la empresa, afectando sus intereses comerciales. Asimismo, se basa en la idea de que la confidencialidad que establece la Ley del Medicamento debe protegerse siempre, sin excepción.
Para Salud por Derecho y OCU, sin embargo, esta interpretación contradice al Tribunal Supremo, que en varias sentencias ha dejado claro que esa confidencialidad debe ponderarse frente al interés público y no puede aplicarse de forma automática. Además, cuestionan que revelar el precio financiado permita realmente reconstruir con precisión los costes internos de una compañía, ya que el precio, lejos de reflejar el coste de la I+D y un beneficio empresarial razonable, responde a las expectativas de maximización de beneficios de las compañías que operan en régimen de monopolio. Las organizaciones subrayan que la compra de medicamentos financiados con fondos públicos es, en esencia, un gasto público, y como tal debe estar sujeto a rendición de cuentas y al control ciudadano, pilares fundamentales de un buen gobierno transparente. Mantener la confidencialidad de estos precios, como sostiene la sentencia, no fortalece el sistema sanitario, sino que protege exclusivamente los intereses de la industria farmacéutica.
La sentencia se suma a otras recientes en las que la Audiencia Nacional ha revocado dos sentencias favorables a la Fundación Civio sobre los precios de Luxturna y también de Zolgensma. En estos casos, el tribunal ha dado la razón al Ministerio de Sanidad y a las compañías, marcando un cambio de rumbo respecto a criterios anteriores del Consejo de Transparencia y de otros juzgados que habían priorizado el interés público y la rendición de cuentas en el uso de estos fondos públicos.
La opacidad no asegura mejores precios
La industria farmacéutica justifica la confidencialidad de los precios con el argumento de que permite a los países negociar mejores acuerdos y garantizar que los de menos recursos paguen precios más bajos. Sin embargo, son muchas las investigaciones que demuestran lo contrario: la falta de transparencia beneficia a las empresas farmacéuticas y perjudica a los sistemas públicos de salud.
Estudios comparativos en Europa y análisis de casos específicos han revelado que la opacidad conlleva precios más altos en países con menos recursos. Por ejemplo, los medicamentos para la fibrosis quística, como Orkambi o Kaftrio, son más caros en algunos países europeos de renta baja, según reveló recientemente la red Investigate Europe. Otro caso es la vacuna neumocócica de Pfizer, que costaba más en Túnez y Marruecos que en Francia. Sudáfrica, por su parte, tuvo que pagar el doble por la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca en comparación con los países de la Unión Europea. Incluso en Estados Unidos, se ha documentado que ha llegado a pagar menos que UNICEF por vacunas contra mpox.
La confidencialidad favorece a las farmacéuticas al mantener su ventaja negociadora y maximizar beneficios, mientras limita la información disponible para los gobiernos y obstaculiza la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
No es Sano recurrirá al Supremo
Las organizaciones demandantes lamentan profundamente la decisión. “Es un día triste para la transparencia. Esta decisión refuerza la opacidad en las negociaciones con dinero público», afirma Vanessa López, directora de Salud por Derecho. Para Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y de Relaciones Institucionales de OCU, “esta sentencia sienta un precedente muy negativo sobre una información de alto interés público que afecta a la sostenibilidad del sistema sanitario”. Ambas organizaciones anuncian un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Sentencia disponible en este enlace.
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