Como sabes, en No es Sano llevamos años trabajando para que exista una mayor transparencia en el sistema de fijación de precios de los medicamentos. Conocer cuánto pagamos por los tratamientos financiados con dinero público es un derecho ciudadano y también una condición necesaria para lograr un sistema sanitario más justo y sostenible.
Hoy publicamos un nuevo documento en el que analizamos en profundidad cómo la opacidad en los precios netos de los medicamentos -es decir, los precios reales tras descuentos y acuerdos confidenciales- contribuye a que los tratamientos sean inaccesibles para muchas personas y supongan una carga cada vez mayor para los presupuestos públicos. Esta falta de información, lejos de ser una excepción, es la norma a nivel global y tiene consecuencias especialmente graves en países con menos capacidad de negociación.
En el informe recogemos evidencia que desmonta el argumento de que la confidencialidad protege a los países con menos recursos. Por el contrario, se han documentado múltiples casos en los que los precios pagados en países con menos recursos han sido incluso más altos que en economías más ricas, como sucedió con medicamentos para la fibrosis quística o vacunas contra la COVID-19.
En España, como sabrás si nos sigues desde hace tiempo, llevamos impulsando acciones legales desde 2019 para acceder a información pública sobre los precios de medicamentos de alto impacto, como Kymriah, Veklury o Zolgensma. Aunque en varios casos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos ha dado la razón, las compañías farmacéuticas, y en ocasiones también el propio Ministerio de Sanidad, han recurrido esas decisiones, defendiendo que esa información debe seguir siendo confidencial.
En 2024, por primera vez, el Ministerio decidió no apelar una sentencia que le obligaba a revelar el precio real del remdesivir (Veklury). Aunque el proceso judicial continúa por iniciativa de la industria farmacéutica, este gesto representa un posible cambio de actitud institucional. No obstante, la opacidad sigue vigente: recientemente hemos solicitado el acceso al precio y a los criterios de fijación del medicamento antirretroviral lenacapavir (Sulenca), y nuevamente el Ministerio ha denegado la información, alegando confidencialidad y protección de intereses comerciales. Este caso se suma a una larga lista de obstáculos que evidencian la necesidad urgente de establecer un marco de transparencia que no dependa de la litigación constante.
Este trabajo legal, técnico y político que llevamos adelante busca abrir una puerta a un cambio de fondo. Porque no se trata solo de conocer cifras: se trata de cuestionar un sistema que permite que los precios se fijen sin criterios objetivos, sin rendición de cuentas y sin poner en el centro el interés público. La opacidad nos deja a oscuras en negociaciones clave que afectan directamente a la salud de millones de personas.
Por eso, en este informe también proponemos medidas concretas para avanzar: desde condicionar los incentivos públicos a la transparencia en los precios netos, hasta asegurar el acceso a esta información en todos los contratos y acuerdos de financiación pública. También destacamos buenas prácticas de otros países que podrían inspirar cambios aquí y en toda Europa.
La transparencia no debería depender de procesos judiciales largos y costosos. Debe ser una obligación de las instituciones y una garantía para la ciudadanía. Desde No es Sano, seguiremos trabajando para que así sea.
Puedes descargar el documento en este enlace.
