Gobiernos de todo el mundo han hecho una enorme inversión pública para apoyar la investigación, así como la capacidad de producción y suministro, de las grandes compañías que están detrás de las principales vacunas que se han desarrollado para hacer frente a la Covid-19. Sin embargo, el respaldo público va más allá. El origen de muchas de estas vacunas está en proyectos que llevan años desarrollándose en centros públicos de todo el mundo, como demuestra el informe “La vacuna: un bien público global para afrontar una pandemia” que presenta hoy la campaña No es Sano. El estudio analiza en detalle las principales vacunas que existen a nivel global, su origen, la financiación pública que tiene su desarrollo, aspectos relativos a la propiedad intelectual, los acuerdos de compra y sus diferentes precios.
El salvavidas de la inversión pública
Desde que comenzó la pandemia, la inversión pública y filantrópica solo en investigación y desarrollo de las vacunas (sin tener en cuenta las aportaciones para otros asuntos, como el aumento de la capacidad de producción y de distribución de las dosis) suma casi 5000 millones de euros. La mayor parte de esa inversión pública —más de un 98%— procede de los Gobiernos y está liderada por Estados Unidos y Alemania, según el informe. Entre las compañías que más dinero público han recibido se encuentran Moderna, Janssen, CureVac y la alianza Pfizer/BioNTech. Juntas acaparan más de la mitad de esa financiación pública.
Sin embargo, los estudios que han dado lugar a estas vacunas comenzaron mucho antes de la pandemia y también gracias al dinero público. El informe pone como ejemplo las investigaciones de ARN mensajero (empleadas por las exitosas Pfizer, Moderna y CureVac) que llevan en marcha cuatro décadas; o el caso de AstraZeneca, que fue una de las más rápidas en desarrollarse gracias a los ensayos clínicos con otro coronavirus que ya se habían realizado previamente en la Universidad de Oxford.
A pesar de que, en los inicios de la pandemia, muchos Gobiernos insistieron en que las vacunas debían considerarse bienes públicos globales y de las grandes inversiones de dinero público que han realizado, ni los Estados ni las agencias financiadoras han hecho valer este esfuerzo. Los contratos de financiación, afirma el documento de No es Sano, no incluyen condiciones que garanticen aspectos tan relevantes como que las vacunas producto de esa inversión pública tengan un precio justo o que esté asegurado el acceso completo a los datos. Al contrario, todo ese conocimiento ha terminado en manos de las compañías que tienen licencias exclusivas e imponen la confidencialidad sobre todo tipo de acuerdos de producción y distribución alcanzado con Gobiernos y organismos internacionales.
A esto hay que añadir que, a pesar de estar en mitad de una pandemia, definen los precios de las vacunas según las reglas del mercado. En el caso de Pfizer, por ejemplo, estos oscilarían entre 7 dólares que paga Túnez frente a los 47 dólares de Israel y que podría haberle dado acceso preferencial a las dosis. La vacuna de Moderna oscila entre los 15 y los 37 dólares por dosis; la AstraZeneca alcanza 2,9 euros en la UE, pero otros países, como Sudáfrica y Uganda, han pagado 5,25 y 7 dólares, respectivamente.
Un reparto desigual
Las vacunas son la esperanza en la lucha contra la pandemia. Sin embargo, de nada sirve tener vacunas efectivas si son inaccesibles para millones de personas. Son necesarias casi 12 mil millones de dosis para cubrir al 75% de la población mundial y hasta ahora las farmacéuticas no están pudiendo asumir dicha producción. En la actualidad, concluye el informe, más de 8870 millones de dosis se han comprometido en compras avanzadas a nivel global, unos 7750 millones a través de acuerdos bilaterales y 1120 millones a través de Covax (mecanismo global de compra conjunta de vacunas Covid-19). Del total, el 53% —más de 4.700 millones— han sido reservadas por los países ricos. Mientras, los países de rentas medias y bajas solo tienen aseguradas apenas un 17% del total. Al mismo tiempo, países como Reino Unido o Canadá podrían llegar a vacunar más de tres veces y casi cuatro veces a toda su población, respectivamente.
Aumentar la producción
Las farmacéuticas calcularon una producción de 9500 millones para 2021 y hasta ahora solo han distribuido algo más de 1680 millones (dato actualizado a 24/05/2021). Las compañías propietarias de las patentes y los conocimientos técnicos (know-how) han mantenido el control de la producción y se niegan a compartir el conocimiento. Prueba de ello es su rechazo a C-TAP, un mecanismo impulsado por la OMS para compartir voluntariamente los datos y la propiedad intelectual con otras empresas. En cambio, han alcanzado acuerdos bilaterales con compañías socias para la producción completa de las dosis o, en otros muchos casos, cediendo parcialmente sus conocimientos y subcontratando solo algunas etapas, como la producción de la sustancia activa o el llenado y terminado de viales.
Bajo el control de las compañías, la producción de las vacunas aprobadas ha quedado muy concentrada geográficamente en países de renta alta, principalmente en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, señala el informe, existe una potencial capacidad de producción en Asia, América Latina y África que está siendo desaprovechada. Países como Bangladesh o Vietnam podrían sumarse y otros que ya están produciendo podrían tener una capacidad mucho mayor, como Argentina, India o Estados Unidos y también en Europa. Los acuerdos que han tenido lugar hasta ahora han demostrado que las compañías socias necesitan unos seis meses para ponerse a punto y comenzar la producción.
Entre otras medidas, el informe recomienda a los Gobiernos, farmacéuticas y centros de investigación se sumen a C-TAP. Asimismo, pide a los Estados que apoyen la iniciativa promovida por India y Sudáfrica para suspender temporalmente las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, así como realizar los procesos de transferencia de tecnología y de know how necesarios para incrementar producción, capacidades y distribución. Ambas propuestas acelerarían el intercambio de conocimientos, el desarrollo y la producción, no solo de vacunas, sino de todas las tecnologías necesarias para la lucha contra la COVID-19.
