Novartis intenta evitar en los tribunales que el Gobierno haga pública información sobre la aprobación de uno de sus tratamientos más innovadores

A finales de 2018, el Gobierno anunció la aprobación de Kymriah, un novedoso procedimiento terapéutico, enmarcado dentro de las denominadas inmunoterapias celulares (CART) que aprovechan la capacidad de las células de nuestro sistema inmunitario para reconocer y atacar el tumor. Kymriah es la primera terapia de este tipo aprobada en España y está destinada a tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA), un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta especialmente a niños y jóvenes menores de 25 años.

Una vez aprobada, en No es Sano realizamos, a través del portal de Transparencia, una petición al Ministerio de Sanidad para conocer su precio y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación. En enero de 2019, el Gobierno nos envió un escrito con el precio de financiación del tratamiento, que alcanza los 320.000 euros en España. Sin embargo, en el caso de los criterios, ofreció una información genérica e incompleta que no respondía a nuestra solicitud. Por ello, acudimos al Consejo General de la Transparencia, organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública, que falló nuestro favor e instó al Ejecutivo a facilitar esta información.

En este punto, la compañía farmacéutica Novartis ha decidido llevar el caso a la Justicia para paralizar el proceso e intentar evitar por vía judicial que No es Sano, y por tanto la ciudadanía, tenga acceso a esta información. La empresa ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consejo de Transparencia y la campaña estará en el proceso representada por dos de sus organizaciones: Salud por Derecho y OCU.

“La resolución del Consejo de la Transparencia considera que esta información debe estar disponible porque es de interés público, que es algo que llevamos años defendiendo desde Salud por Derecho y desde la campaña No es Sano; y que respaldan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, con este movimiento, Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía y, por eso, nos personamos en este proceso”, recuerda Vanessa López, directora de Salud por Derecho.

Por su parte, la directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, asegura que “es fundamental conocer en base a qué datos el Ministerio establece el precio de financiación de las nuevas terapias innovadoras, sobre todo cuando se conocen estimaciones de que su coste de desarrollo es significativamente inferior”. Según Izverniceanu, “estos medicamentos se financian vía impuestos y cada euro de más que pagamos a los laboratorios farmacéuticos es un euro de menos que deja de invertirse en otras necesidades del sistema nacional de salud. Y Kymriah es solo el primero de una amplia lista de agentes similares que están por llegar”.

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