Hoy, Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y No Gracias pedimos al Gobierno que asegure el retorno de la inversión pública que ha realizado en la vacuna de la empresa española Hipra. Este es nuestro posicionamiento.
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Las organizaciones que suscribimos este posicionamiento celebramos el éxito de la vacuna de HIPRA. La innovación y el desarrollo de vacunas, medicamentos y diagnósticos que frenen la pandemia de COVID-19 ha sido el principal objetivo de multitud de actores en el espacio público, privado, así como de investigadores, profesionales de la salud y sociedad en general durante los últimos tres años.
La apuesta de España, junto con el resto de los países a escala global, la Unión Europea y de las agencias multilaterales, ha sido la de encontrar incentivos para acelerar el desarrollo de las tecnologías sanitarias necesarias. La inversión pública ha sido uno de los principales en términos económicos, que se ha materializado con la concesión de ayudas a la I+D y los acuerdos de compra anticipada (APAs). Otras medidas relacionadas con los marcos regulatorios, la aceleración de los procesos de revisión de los datos, o eximir de responsabilidades de indemnización a la industria en lo que a efectos secundarios se refiere, han contribuido a asegurar el desarrollo de los productos, su producción y la llegada al mercado en unos umbrales de riesgo mínimo para las empresas.
Las vacunas contra la COVID-19, tantas veces nombradas como bienes público-globales por los líderes globales en sus manifestaciones públicas, han tenido un reparto desigual; siendo los países de menores ingresos los que más tarde están llegando a conseguir los objetivos de vacunación establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con los datos actuales, solo el 28,5% de la población de los países de renta baja han recibido al menos una dosis. Ante este contexto, los países dentro de los sistemas de gobernanza global han impulsado iniciativas para revertir la brecha de inequidad en el acceso a las vacunas. Iniciativas como el COVID Technology Access Pool, impulsado por la OMS y más conocido como C-TAP, de la que España forma parte, ha sido un paso importante que el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha culminado con el desarrollo y la cesión, en noviembre 2021, de un test diagnóstico para la COVID que permite fabricar el test como producto genérico a cualquier empresa acreditada del mundo con el fin de garantizar su accesibilidad y asequibilidad para todas las personas que lo precisen.
HIPRA ha sido una de las empresas que durante estos últimos dos años ha recibido financiación y apoyo por parte del Gobierno de España para el desarrollo de su vacuna contra la COVID-19. En este caso a través de financiación procedente de ayudas y préstamos por parte del Ministerio de Ciencia y del CDTi cercanas a los 20 millones de euros. Por otra parte, la compañía ha asegurado un contrato de compra de 250 millones de dosis a través de HERA (UE)5 del que se podrán beneficiar 14 países de la UE.
Celebramos el éxito de la empresa española, pero también es fundamental hacer valer los compromisos del Gobierno de España con la equidad y el acceso global a las vacunas y con el apoyo económico proporcionado a la industria desde el sector público. Por ello, queremos trasladar una vez más, que al igual que otras instituciones españolas han compartido su tecnología con C-TAP, también lo haga la compañía HIPRA.
El Gobierno de España debe asegurar el retorno de la inversión pública en coherencia con el impulso de sus políticas en el espacio internacional y con sus compromisos, asegurando que las vacunas llegan a todas partes, con precios asequibles y márgenes de beneficio razonables y que pueden ser fabricadas por empresas capacitadas y acreditadas en países de menores ingresos. Todo ello con el objetivo de salvar vidas, fortalecer los sistemas sanitarios y acabar con esta, y con las futuras pandemias.
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