• Los altos precios de los fármacos ponen en peligro la sostenibilidad de los sistemas de salud, también en España.
• Una de cada tres personas no tiene acceso a los fármacos que necesita en todo el mundo.
Madrid, 7 de abril de 2016. En el Día Mundial de la Salud, la campaña No Es Sano denuncia que el actual sistema de innovación de medicamentos se ha convertido en una barrera para el acceso al derecho a la salud de millones de personas en todo el mundo. Actualmente, la investigación y desarrollo de medicamentos se centra exclusivamente en enfermedades rentables, es decir aquellas que sufren mayoritariamente personas en países de ingresos medios y altos y que aseguran un gran retorno de beneficios económicos.
Solo el 10% del gasto farmacéutico en I+D se destina a las enfermedades que afectan al 90% de la población, según la Organización Mundial de la Salud, y más de 2000 millones de personas no tienen acceso a los medicamentos que necesitan, casi un tercio de la población mundial que vive principalmente en países empobrecidos.
Además, el alto precio de los medicamentos es ya un problema global. En Europa, como en el resto del mundo, el precio de los nuevos fármacos crece cada año, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud y obstaculizando el acceso de las poblaciones más vulnerables a tratamientos para enfermedades como el cáncer, el VIH o la hepatitis C. “El caso de la Hepatitis C ha sido uno de los que más repercusión ha tenido en España. Hace tan solo unos días, el gobierno español justificó parte del incremento del déficit de 2015 con los 1090 millones que han supuesto los nuevos tratamientos contra esta enfermedad. Más allá de ser injusto y desafortunado, su análisis obvia el verdadero origen del problema: el alto precio que tiene el medicamento y cómo se fija”, asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho.
No se trata de un problema que afecte a un solo fármaco, también a otros nuevos -y más eficaces- que se utilizan en el tratamiento del cáncer, el VIH o para otras enfermedades neurológicas, cardiovasculares, etc. “Los precios no están justificados por los costes de la investigación. Se fijan arbitrariamente según las estimaciones que hacen las empresas de cuánto pueden pagar los pacientes, los sistemas de salud o las aseguradoras”, afirma Irene Bernal, coordinadora de Políticas de No Es Sano.
Las estrictas normas de propiedad intelectual tampoco ayudarán a resolver la crisis mundial de innovación biomédica. El descubrimiento y desarrollo de medicamentos depende de lo que podría ser descrito como un entorno ‘hiperpatentado’ en el que cada uno de los productos está sujeto de manera simultánea a varias patentes que afectan a sus diferentes componentes, a su formato o a la exclusividad de los datos que han dado lugar al descubrimiento. “Es un sistema ineficaz y costoso, en ocasiones más interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual que en garantizar la innovación de interés público y el acceso a los medicamentos”, denuncia Elena Villanueva, coordinadora de Análisis de ISGlobal.
Tenemos la oportunidad de construir un sistema de investigación médica eficiente, sostenible y que garantice el derecho universal a la salud y el acceso a los medicamentos que la población necesita a un precio asequible. “Los medicamentos no pueden ser un lujo al alcance de unos pocos”, “hay que introducir racionalidad en el sistema y financiar solo aquellos medicamentos nuevos que añaden valor terapéutico a lo que existe y en todo caso los precios deben negociarse teniendo en cuenta el interés general y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. No debemos olvidar que el SNS es el principal pagador, lo que le debería dar una posición de fuerza”, recuerda Mónica Cavagna, técnico de salud en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
No Es Sano reclama la introducción de la transparencia en todo el sistema para conocer los precios reales de transacción en la compra de medicamentos, las inversiones públicas e incentivos fiscales en I+D que se destinan al desarrollo de fármacos, los datos clínicos y los resultados de investigación y costes de los productos farmacéuticos financiados con dinero público.
Asimismo, solicita la introducción de criterios de interés público en todas las inversiones que el estado realice en este ámbito; y el impulso de nuevos modelos de innovación a través de gobiernos, instituciones y centros de investigación que promuevan iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de investigación y desarrollo de medicamentos que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo y modelo de negocio.
