La Comisión de Reconstrucción ha sido una oportunidad perdida en lo referente a la política farmacéutica y a la investigación y desarrollo de medicamentos. Es la valoración que hacen las organizaciones de la campaña No es Sano tras la aprobación de las conclusiones del grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública remitidas al Pleno del Congreso, al que se añadieron ayer ocho enmiendas transaccionales. El documento, señalan, no aborda asuntos tan importantes como la reforma de los procesos de fijación de precios de los medicamentos, especialmente urgente en el caso de los fármacos más novedosos que son los que tienen precios más caros e injustificados. Los precios de estos medicamentos innovadores, recuerda la campaña, deberían calcularse a partir de los costes de I+D, de producción y de distribución de cada fármaco, más un beneficio razonable.
En materia de financiación, No es Sano aplaude la supresión de los copagos, pero critica la falta de medidas concretas que ayuden a contener el incremento del gasto farmacéutico de los últimos años debido, entre otras cosas, al continuo aumento de los precios de los fármacos más novedosos que suponen decenas de miles de euros (por paciente al año) a las arcas públicas. El gasto farmacéutico de 2019 ascendió a 18.709 millones de euros, de los cuales 7.407 correspondían a gasto farmacéutico hospitalario. Solo en lo que respecta a esta partida, se gastaron 522 millones más que en 2018 y, si revisamos todas las series que publica el Ministerio desde 2014, se observa el ascenso continuado en estos últimos cinco años hasta los 2.293 millones.
En términos de transparencia, el documento recoge algunos avances, pero No es Sano reclama medidas que garanticen más información sobre los procesos por los que se aprueba y financian los fármacos en el sistema público de salud. A esto habría que añadir políticas y una legislación específica para los conflictos de interés, garantizando así la independencia en la toma de decisiones de este tipo.
Asimismo, una de las lecciones que ha dejado esta pandemia es lo necesario que es impulsar la producción pública de medicamentos y tecnologías sanitarias, un aspecto que el documento aprobado hoy solo contempla en el caso de las terapias avanzadas. Existen muchas fórmulas de producción pública —tanto de medicamentos y terapias como de vacunas— que podrían someterse a estudio como alternativa a las compañías privadas y que garantizarían el suministro de estos fármacos.
Por otro lado, si bien es cierto que existe un importante incremento presupuestario de la I+D, no se contemplan medidas que garanticen la financiación pública vaya a parar a proyectos con licencias abiertas, compartidas y no exclusivas, donde la propiedad intelectual no suponga una barrera en el acceso a los tratamientos que pudieran finalmente desarrollarse. Solo a través de un conocimiento compartido y accesible se pueden desarrollar medicamentos y vacunas para afrontar, por ejemplo, una pandemia mundial como la que estamos viviendo y trabajar de forma rápida evitando malgastar millones de euros procedentes de las arcas públicas.
No es Sano echa en falta que estas cuestiones no formen parte de las conclusiones del dictamen del grupo de trabajo que podría haber apostado por incluir condiciones en los contratos públicos de financiación que aseguren el interés público. La Administración Pública debe garantizar que los resultados de la investigación realizada con fondos públicos estén disponibles y sean de acceso público a escala global.
En el ámbito de ensayos clínicos, la campaña lamenta que no se analice la participación en estos estudios de los hospitales y centros sanitarios públicos y reclama que se calcule la aportación pública —en forma de financiación directa, recursos humanos, servicios e infraestructuras— para poder conocer los costes reales que tienen para la Administración.
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Foto: Moncloa
