Uno de cada tres pacientes no accede a los medicamentos necesarios para poder llevar una vida digna. Algo va mal en un sistema que permite morir a millones de personas cuando el tratamiento que les salvaría la vida puede ser desarrollado, producido y comercializado a un precio que permita cubrir los costes de producción, incluyendo la I+D y un beneficio no abusivo.
“El I+D farmacéutico es un modelo complejo y opaco que genera grandes desigualdades en el acceso de la población mundial a los medicamentos”, aseguró Gonzalo Fanjul, director de Análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y moderador del debate, que pidió a los miembros de la mesa redonda que eligieran el principal cambio que necesita el sistema de I+D farmacéutico para reducir esta brecha.
Para Vanessa López, directora de Salud por Derecho, el principal cambio debe producirse “en el sistema de patentes, que genera monopolios, precios elevados e impide que el conocimiento se comparta abiertamente; es un freno para el acceso y la innovación”. El Acuerdo sobre Propiedad Intelectual (ADPIC) contempla la exclusividad de derechos sobre cada patente durante 20 años y de al menos ocho para los datos. “Sólo se busca el beneficio económico, hay que reconocer y remunerar a quienes descubren y desarrollan un fármaco, a la vez, los medicamentos han de ser un bien público”, explicó la directora de Salud por Derecho. Además, López indicó que la mayoría de los medicamentos que se consideran “innovadores” en realidad no lo son: “Solo el 7% de los medicamentos registrados en Francia entre 2000 y 2013 tenían una ventaja terapéutica añadida con respecto a los ya existentes”.
Joan Bigorra, director adjunto de Estrategia e Innovación de ISGlobal, apuntó que el problema no sólo está en la industria sino que el Estado debería jugar un rol más importante:“La industria se comporta en función de los incentivos del mercado, el comprador tiene que reformular el sistema». Según Bigorra, el Gobierno es responsable de la salud de su población y, por tanto, “debería ejercer su poder de compra”. Para el representante de ISGlobal, hay que romper con el mito de que sólo las farmacéuticas invierten en I+D, ya que “más del 60% de las innovaciones vienen del sector público pero luego es la industria quien se queda con ellas y su respectivo beneficio”.
Además, Joan Bigorra realizó un análisis del coste que supone para la industria desarrollar nuevos fármacos. “En 2011, la cifra que se decía de coste de nuevos medicamentos eran 1800 millones, pero el 70% es para cubrir moléculas que fracasan. Solo el 30% de la inversión en I+D termina siendo un producto. La estructura de coste de una empresa farmacéutica es de entre un 5 y un 10% destinado a costes de producción, rara vez es más que eso. La i+D es un 15% pero de ese 15 solo es válido un 5% porque el otro 10 es ineficiencia. El 30-35% son gastos de comercialización y el 2 o 3% son gastos administrativos y el resto es beneficio. Es decir, que mucho riesgo no hay porque el riesgo va en el precio. Es un gran negocio”, recordó Bigorra.
Rodrigo Barahona, responsable de la Unidad de Planificación, Monitoreo y Aprendizaje de Oxfam Intermón, identificó la problemática de la opacidad de la industria y abogó por más transparencia. Barahona recordó el argumento de la “brecha 90-10”, que subraya que “solo el 10% del gasto farmacéutico en I+D se destina a las enfermedades que afectan al 90% de la población”. El representante de Oxfam Intermón destacó que cada año 100 millones de personas caen en la pobreza por tener que pagar sus tratamientos y medicamentos. “Los sistemas sanitarios obligan a los ciudadanos en todo el mundo a pagar la salud de su propio bolsillo, aunque sea un derecho. En el extremo opuesto, el sector económico donde más aumenta la riqueza es en el sector farmacéutico”.
Olaf Valverde, gerente médico de Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), destacó que el modelo actual no detecta las necesidades reales de la población: “Los problemas de salud más importantes son los más desatendidos”. Valverde explicó que el precio que se ha llegado a pagar por algunos medicamentos es demasiado alto y, concretamente, calificó de “aberración” el del tratamiento de la hepatitis C, que en Estados Unidos ha alcanzado los 84.000 dólares por paciente.
Un momento político importante
El problema de acceso al tratamiento contra la hepatitis C en España fue un caldo de cultivo para que la gente comprendiese el problema y que el debate inicial sobre la compra de más medicamentos se fuese haciendo más sofisticado para abrirse a otros discursos que discutían el modelo, recordó Vanessa López. “Ha quedado claro que es un problema que no se limita a enfermedades que afectan a países pobres. En EEUU, el precio de los medicamentos se ha colado en las elecciones. La presidencia holandesa de la UE también lo tiene en su agenda. Hay un panel de alto nivel de Naciones Unidas sobre este asunto… Están pasando muchas cosas y se está entendiendo como algo global”.
Rodrigo Barahona aseguró también que “el despertar ciudadano es una oportunidad para que se hable de esto. Las empresas son más cuidadosas con el riesgo de marca, saben que cada vez están más expuestas. Eso hay que aprovecharlo”.
No tenemos que pecar de ingenuos, dijo Olaf Valverde. “Hay riesgos de que la cosa se vaya a la dirección contraria. La batalla no está ganada, la reticencia al cambio está ahí”. Pero hay motivos para ser optimistas. “En 2001, en la Conferencia del Sida se abrió la puerta del tratamiento universal. Aunque no se haya alcanzado todavía, en aquel momento se pensaba que era imposible y luego se ha demostrado que no. Hoy hay millones de personas que llevan una vida normal con su tratamiento. Ahora estamos en 2016 y tenemos otro reto delante: el acceso a medicamentos”.
