Fernando Lamata, de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento -organización promotora de No es Sano-, reflexiona en este amplio artículo de su blog sobre la relación entre pobreza y el acceso a medicamentos. Lamata analiza aspectos como el impacto de las patentes en el modelo actual de I+D de medicamentos, el origen de los altos precios de los fármacos o la falta de investigación. En este post, te resumimos algunos datos y conclusiones muy interesantes.
– Las farmacéuticas solo destinan un 16% de sus beneficios a la investigación, mientras que más del 60% lo invierten en campañas de marketing, compra de empresas, recompra de acciones, retribuciones de bancos y bufetes de abogados, salarios y bonos de sus altos ejecutivos, ganancias para los accionistas, etc.
– Hace 50 años el sector farmacéutico tenía unas ganancias similares al sector de la energía o el sector financiero. Pero, a partir de la generalización del sistema de patentes en 1995, los beneficios (declarados) del sector farmacéutico se dispararon hasta un 20-25% de las ventas, frente al 5% del resto del sector industrial.
– Medicamentos para el cáncer, como el Imatinib, con un coste de 161€, se venden a 28.400€; tratamientos para el SIDA, con un coste de 82€ se venden a 7.250; o vacunas para el neumococo, con un coste de 5€ se venden a 159€.
– Los tratamientos para la Hepatitis C deberían tener un precio de unos 461€ por paciente para cubrir los costes de fabricación de los medicamentos, los costes de investigación, y un beneficio prudente. En cambio, entre 2014 y 2016 hemos pagado en España un precio de 26.088€ por paciente tratado (con uno o varios medicamentos combinados). Deberíamos haber gastado en total 31 millones de euros, con un precio justo, para tratar a 68.000 pacientes, y hemos gastado 1.774 millones de euros.
– Según un estudio de todos los medicamentos aprobados entre 2000 y 2011, solamente se invirtió un 4% de los gastos de investigación en enfermedades de los países pobres.
– El 85% de los nuevos medicamentos no son innovadores, no aportan ventaja, son copias con pequeñas variaciones sobre el anterior, pero se venden como innovación con un precio mucho mayor (me-too, yo-también). La revista Prescrire hace una evaluación de los medicamentos que se comercializan cada año como innovaciones. En 2014, solamente 8 de 87 aportaban innovaciones interesantes.
¿Qué podemos hacer?
Fernando Lamata propone también tres líneas en las que se puede ir avanzado para cambiar el modelo de acceso a medicamentos:
1ª. Mejorar la negociación de los precios, exigiendo precios justos, que remuneren los costes de fabricación y los costes de investigación realizados por la empresa debidamente auditados.
2ª. Si la empresa no acepta esos precios justos, el gobierno debería aplicar la licencia obligatoria, autorizando a otras empresas la fabricación de genéricos, a coste de fabricación, y pagando un canon a la empresa originaria por los gastos incurridos realmente en investigación. La posibilidad de conceder este permiso de fabricación a otras empresas, o de realizar importaciones de medicamentos genéricos de otros países en los que no hay patente, está recogida en los acuerdos ADPIC. Se puede tomar esta decisión por los gobiernos en caso de un problema severo de salud pública, o de claro abuso de la utilización de patente, según las legislaciones nacionales. Lo que ocurre es que los países utilizan muy pocas veces las licencias obligatorias o las importaciones por la fuerte presión diplomática y comercial de la industria farmacéutica.
También es posible denunciar estos precios exagerados y estas ganancias exageradas a las autoridades de la competencia, que deben velar para que no haya abuso del poder del mercado. El hecho de que, por primera vez, la Comisión Europea haya iniciado un expediente sobre posible abuso del poder de mercado en el caso de los laboratorios Aspen, es un paso importante. La Comisaria, Margrethe Vestager afirmó que iban a “evaluar si Aspen ha roto las reglas de la competencia de la UE cargando precios excesivos por algunos medicamentos”. En esta acción ha sido muy importante la denuncia de la Asociación de Consumidores de Italia.
3ª. Al mismo tiempo, debemos iniciar y potenciar estrategias para financiar la investigación directamente, sin pasar por la industria farmacéutica, es decir, sin patente. Los Estados crearían fondos nacionales, europeos, o mundiales, con descuentos aplicados a las ganancias obtenidas sobre el precio actual de los medicamentos protegidos por patente. Esos fondos financiarían directamente la investigación, en Centros de investigación públicos o privados sin ánimo de lucro, a través de subvenciones, becas, proyectos y premios. Las prioridades de investigación serían según las necesidades de salud. La investigación sería abierta. Y los resultados de la investigación tendrían “patente pública”. Los medicamentos tendrían precios según el coste de fabricación (como los genéricos).
A medio plazo, 15-30 años, se debería llegar a una Convención Internacional sobre Acceso a los Medicamentos, que prohibiera la aplicación de patentes para los medicamentos y creara un Fondo Mundial para financiar la I+D en salud y para garantizar precios justos y accesibles en todo el mundo.
El rol de los profesionales
Para que se produzcan estos cambios es muy importante que los profesionales sanitarios estén de acuerdo y respalden estas medidas y estas políticas. Ahora su información llega principalmente de la industria farmacéutica. Es la industria la que les presenta los análisis, los argumentos, en conferencias y publicaciones y a través de su red de informadores: les hablan del coste de la investigación, del valor del medicamento, etc., ocultando la información relevante sobre los costes, las ganancias abusivas, y las consecuencias terribles de las muertes por falta de acceso. Hay una especie de “secuestro intelectual”. Por eso es clave:
– Informarse acerca de los costes, precios, patentes, falta de acceso e insostenibilidad del modelo.
– Ser conscientes de la influencia del marketing (congresos, representantes, donaciones, conferencias remuneradas…) en nuestras decisiones (prescripción) y nuestras opiniones (“la investigación justifica el precio”; “precio por valor”.
– Intentar reducir esa presión (como defiende la iniciativa “No Gracias”)
– Tratar de que las Sociedades Científicas, Revistas Científicas, Cátedras, Servicios, Guías Clínicas… prescindan de forma progresiva de la financiación desde la industria. Promover la autorregulación, códigos de conducta estrictos.
– Analizar modelo actual de financiación de I+D y sus “efectos adversos”. Participar en el desarrollo de modelos alternativos de I+D, liberando recursos del sistema para financiar formación.
Si quieres leer el artículo completo de Fernando Lamata, puedes hacerlo aquí.
